El 29 de abril pasado, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos hizo público el informe anual 2012 sobre el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones del Estado. En este se consiga que los sujetos obligados no cumplen en su totalidad con las disposiciones del referido decreto, lo que contribuye a que “permanezca una cultura de opacidad en el manejo de fondos públicos”.

También sobresale en el reporte la disminución de entidades que informaron al Procurador sobre el cumplimiento de la norma, pues en 2012, 342 instituciones  entregaron su informe anual, en comparación con las 409 que lo hicieron en 2011.

Otras fallas de las entidades públicas que describe el informe están relacionadas con el manejo de los portales electrónicos, pues mucha de la información ahí publicada está desactualizada o ha sido omitida información sobre procesos de compras y licitaciones. Asimismo, es escasa la información financiera y contable de las entidades.

Por otro lado, señala que existe interpretación errónea de la ley, “debido al desconocimiento que los funcionarios tiene sobre la misma”. También expone que muchos de los fucionarios no hablan los idiomas maternos de la localidad, “lo que provoca una inadecuada atención de las solicitudes de información, debido a la falta de comprensión entre el solicitante y el encargado de recibirlas”.

A ello se suman los problemas de fondo señalados por quienes hacen uso sistemático de los mecanismos que permite esta legislación, entre los que se advierte la burocracia, falta de personal capacitado, falta de voluntad por parte de los sujetos obligados –lo que redunda ocultamiento de información-, cobros indebidos y retrasos en la facilitación de la información.

El trabajo que Centro Civitas y Sala de Redacción han desarrollado con periodistas de los diferentes departamentos desde hace varios años ha permitido observar que las y los colegas tienen como una de las  principales limitaciones para el ejercicio en libertad de su profesión el poco acceso a la información pública en las instituciones locales.

Los periodistas indican que muchos de los funcionario estatales desconocen los procedimientos o utilizan de manera malintencionada los plazos que dispone la ley para retrasar la entrega de información que los periodistas requieren de manera inmediata para su labor cotidiana.

Este panorama muestra la necesidad de discutir, revisar y modificar la normativa, para que pueda ser promovida efectivamente una cultura de la transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo para que no se repita ni quede impune la acción del Estado de ocultar información. A diferencia de Guatemala, existen experiencias en otros países donde entidades autónomas e independientes del Estado son quienes verifican el cumplimiento de esta norma.

Por ahora, la tarea de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos es asumir un papel más activo en la formación de funcionarios públicos, para que conozcan y apliquen correctamente las disposiciones de ley. También tiene el reto de investigar y denunciar a quienes ocultan información, con el fin de que haya una sanción moral pública desde la ciudadanía.

En Grefalia, tal y como corresponde a la situación, los medios de prensa han venido acumulando materiales sobre el caso, luego de haber abierto una línea informativa desde que se supo sobre la acusación y la posibilidad del juicio. Además, lógicamente han asignado el caso a sus periodistas más experimentados y renombrados, atendiendo no solo a los intereses públicos, sino comerciales del mismo medio.

Estos periodistas conocen al dedillo la historia del personaje, con sus luces y sombras, y saben dimensionar su importancia política. Asimismo, de otras personas relevantes alrededor de él o del caso y se han informado hasta la saciedad sobre las acusaciones y sus contextos históricos. Aún antes del juicio, han establecido una relación con las y los posibles testigos, tanto de la parte acusadora como la de la defensa. Asimismo, han hablado con experta/os de diversa índole, incluso internacionales que les ayuden a contextualizar sobre la importancia de este caso en contextos más amplios.

Entre otras cosas, ya iniciado el juicio, han buscado las mejores posiciones y alianzas en los espacios judiciales, conocen las estrategias legales de las partes (aunque no las publiquen), están atentos a las reacciones del poder y buscan los impactos del juicio en las otras esferas nacionales. Pero además, cuentan con apoyo de otros reporteros que de manera pronta pueden salir a investigar en regiones remotas y corroborar lo dicho por testigos durante el juicio.

Todo esto nos indica que en Grefalia los medios de prensa sí entienden cuál es el negocio de la prensa, cómo obtener ganancias mediante un periodismo de buena calidad y hacer un medio sostenible. Por cierto, a propósito del juicio contra Efraín Ríos Montt, escuchamos decir a una periodista extranjera que no entendía por qué había tan poco interés ciudadano y de la prensa.

En pocas palabras, las y los representantes del Movimiento indicaron que a 18 años de firmados los Acuerdos de Paz han presentado ante el Congreso de la República de Guatemala cuatro iniciativas de ley, la última de las cuales recibió un dictamen favorable hace tres años, sin ser todavía plenamente conocida.

Señalaron también los criterios antidemocráticos con que son otorgadas en usufructo las frecuencias radiofónicas –los cuales favorecen al empresariado del sector–. Informaron además sobre la ilegalidad en los fundamentos con que el Estado persigue a las radios que carecen de licencia, ya que las sanciones deberían ser de índole administrativa, no penal –y la criminalización que se hace en contra de quienes defienden este derecho específico de los pueblos indígenas.

El representante del Estado, Gerson Lorenzana, de la Comisión Presidencia de Derechos Humanos (COPREDHE) respondió que las leyes no habían sido hechas con dedicatoria alguna y que garantizan igualdad de acceso, pues cualquiera puede comprar una frecuencia. Aseguró que la acción de la Fiscalía del Espectro Radiofónico no está dirigida a violentar derechos, sino a asegurar que no sea violados los de quienes ya poseen frecuencias. Mencionó que en sentencia reciente, la Corte de Constitucionalidad (CC) consideró no excluyente la forma en que el Estado asigna las frecuencias.

Pero una de las intervenciones que dejó al desnudo al Estado guatemalteco fue la de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero. Durante su intervención, Botero recalcó que hay una trampa en las afirmaciones del Estado guatemalteco y sus representantes, la cual consiste en tratar de hacer parecer que las radios ilegales y las radios comunitarias son lo mismo. “El Estado guatemalteco no ha entendido qué son las radios comunitarias”, dijo Botero.

La relatora también aclaró al representante del Estado que cuando se habla de igualdad es en materia de derechos, pero que no se puede pretender equiparar a comunidades indígenas excluidas con grupos empresariales poderosos económicamente.

La relatora también recordó al representante estatal que la resolución de la CC que él mencionó también señaló la ausencia de una ley que regule a las radios comunitarias y recomendó al Congreso ocuparse de su trámite, lo cual no ha sucedido. Esta es una recomendación, indicó, que la Relatoría viene haciendo desde hace 10 años. Mencionó además que la forma ilegal y sobredimensionada de persecución a las radios sin licencia afecta no solo a los medios comunitarios, sino también a los comerciales. “La vía es administrativa, no penal”, recalcó. Al final el representante del Estado tuvo que admitir que existen vacíos legales.

Las y los representantes del Movimiento solicitaron a la Comisión el envío de una relatoría y la elaboración de un informe especial, petición que será analizada. Entre tanto, seguirán con sus gestiones en la vía de lo legal internacional para que el estado guatemalteco reconozca por fin los Derechos específicos de los pueblos indígenas y trabaje para garantizarlos. Es una lucha que debería ser socialmente apoyada, pues no podremos hablar de democracia verdadera sin condiciones que aseguren las libertades de la mayoría de la población guatemalteca.

Con la compra de acciones en Siglo.21, actualmente de circulación metropolitana, nuevos actores e intereses entran en escena. Son capitales emergentes en los que confluyen intereses económicos, políticos e ideológicos, algunos representados en un sector del cooperativismo. ¿Podrán con el manejo empresarial de un medio, más complicado de lo que se cree?, ¿serán capaces de construir una agenda informativa distinta, que contribuya más al diálogo, aprendizaje social, a la democracia? A la fecha han mostrado bastante dificultad para conjuntar su ideario con un equipo de trabajo que lo potencie.

También se vaticinan cambios, por otro lado, con la salida de Juan Luis Font y otros colegas periodistas de la redacción de elPeriódico. Ahora se habla de que el medio será transformado en uno más comercial, con Rodolfo Móvil, exdirector de Nuestro Diario, a la cabeza. Lo más comentado es que el medio, concebido como elitista, desaparecerá, al mismo tiempo que la calidad que conservaba en su redacción, a pesar de sus añosas penurias económicas. ¿Qué quedará de esta transformación?

Otra de las noticias que motiva comentarios es el resurgimiento de la revista Crónica, considerada durante los más de 10 años de su primera etapa de existencia como el medio más reputado del país. Ahora, en una tercera etapa, la marca será relanzada bajo la dirección de Gonzalo Marroquín. Lo que podemos comentar es que un nombre reputado no es suficiente garantía para revivir glorias, que se necesita dar la certeza de calidad para que un proyecto pueda ser confiable.

Pero más allá de que surjan o se transformen los medios, y haya iniciativas empresariales, para que el sistema de medios responda realmente a los desafíos de la democracia son necesarios otros actores: un Estado y una ciudadanía que entiendan su rol en la comunicación política. Hemos visto a la fecha que esos actores no tienen claridad en sus roles, de la misma manera como no la poseen muchos empresarios de medios. En el caso del Estado, el ejemplo más reciente es la aprobación de reformas a la Ley General de Telecomunicaciones (decreto 34/2012), que permitió afirmar un modelo de concentración de la propiedad de medios muy perjudicial para la democracia.

Si se desea impulsar un sistema distinto, es necesario que los empresarios que no lo han hecho trasciendan la idea de que un medio de prensa se maneja como cualquier otra empresa o es un vehículo hacia el logro de fines particulares, para ubicarse conceptualmente en que más bien conforman una institución social y cultural que puede desempeñar un papel preponderante en la construcción democrática. Si hay muchos medios pero estos no responden a los intereses ciudadanos, no hay contribución al sistema democrático.

Harían falta además un Estado que promulgue marcos jurídicos y políticos que desmonten los monopolios ideológicos y una ciudadanía que entienda el rol de los medios de prensa y esté dispuesta a no permitir que intereses espurios coopten esta parte muy importante de su espacio público, como son los medios de prensa.

Aunque la reunión no fue masiva, acudieron colegas de ocho departamentos (Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, Huehuetenango, Retalhuleu e Izabal) que laboran en cuatro tipos de medios (radio, televisión, impresos y web) o trabajan en oficinas de comunicación y que pertenecen a las comunidades pocomam, kaqchikel, tz’utujil, garífuna y mestiza.

Durante la jornada quedaron evidenciados los problemas compartidos: bajos salarios, colaboraciones no pagadas por los medios masivos, cuyas sedes están en la capital, así como la falta de actualización de conocimientos y de procesos formativos (en periodismo y política). Asimismo, la naturalización de las malas prácticas debido a las deficientes condiciones laborales (recibir dinero de funcionarios o empleados públicos para movilizarse o comprar comida), la necesidad de contar con programas en los idiomas de cada región, la falta de unidad gremial, la poca apropiación de las nuevas tecnologías y el racismo que sufren las y los colegas de los pueblos originarios en los ámbitos público y privado.

Al final, resumieron sus visiones y demandas en la llamada Declaración de Malacatancito. Entre otras, plantean la necesidad de revisar y reformar la Ley General de Telecomunicaciones, “pues el mecanismo de otorgar frecuencias, cuya base son las subastas, es discriminatorio y promueve la concentración”. Además, la necesidad de que el Congreso decrete una ley de medios, la cual tendría que distinguir entre radios comerciales, públicas y comunitarias, pues estas últimas han sido criminalizadas por el Ministerio Público, lo cual conlleva el fortalecimiento de medios privados.

También lanzaron un llamado a los dueños de medios para que cumplan la legislación laboral, en particular “pago de salarios dignos, la dotación del equipo de trabajo, la contratación de seguros de vida y cobertura de seguridad social”. Asimismo, solicitaron a James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que insista ante las autoridades del Estado de Guatemala “en la necesidad de que la democracia está incompleta si los pueblos originarios no participan de forma más activa, pues el actual sistema es altamente excluyente”.

Quienes participaron en el encuentro se mostraron convencidos/as de continuar con este tipo de intercambios. Aunque no se llegó a consenso, la mayoría opinó que deberían reunirse dos o tres veces al año y ampliar el grupo. Nuestros mejores deseos porque la iniciativa prospere.

En ese sentido,  la posición que apunta a una mayor concentración de medios, la privatización del espacio radioeléctrico y la ausencia absoluta de beneficios para el Estado, garantizando las condiciones apropiadas para que las empresas inviertan en el “negocio de la comunicación” no sólo violenta marcos legales –en casos que así sea – sino que inobserva uno de los derechos humanos fundamentales y sustantivos de todas las personas.

Las reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 97/96, aprobadas el 20 de noviembre de 2012 por el congreso guatemalteco, sancionadas por el Ejecutivo mediante el decreto 34-2012 y publicadas en el  diario oficial el 5 de diciembre para su entrada inmediata en vigencia, constituyen, por tanto, otro retroceso en la democratización de la información. Con su entrada en vigencia sigue favoreciéndose la concentración de medios en la medida que se cede en usufructo frecuencias del Estado de televisión, radio, telefonía e internet por 20 años prorrogables. Además, no se especifica cuántas veces más se concederá dicha prórroga, ya que puede hacerse a solicitud del titular y por iguales períodos con el solo requisito de intercambio de cartas.

Mientras se favorece a quienes ya poseen las frecuencias en usufructo, falta voluntad política para legislar a favor de los grupos poblacionales excluidos del acceso a los medios y a la propiedad de estos, lo cual va en detrimento de los intercambios de información, así como de los debates y diálogos entre diferentes actores con distintas voces y cosmogonías, quienes tienen el mismo derecho a la producción de discursos. Con el fortalecimiento del monopolio se cierran los espacios para la construcción de consensos y el fortalecimiento de la ciudadanía por medio de dicha participación.

Dichas reformas fueron otra de las oportunidades que perdió este gobierno de abrir canales de dialogo con diferentes actores entre los cuales pueden anotarse las radios comunitarias, los pueblos indígenas y otros conglomerados sociales que han sido vulnerados y a quienes se les ha denegado el derecho a comunicarse en igualdad de condiciones.

Sin embargo, la poca apropiación de la ciudadanía sobre el derecho a la comunicación ha provocado la ausencia de una respuesta contundente frente a estas reformas. Si bien es cierto que en algunos medios de comunicación fue abordado el tema y hubo algún pronunciamiento, éstos no tuvieron la contundencia necesaria.

Hace falta una ciudadanía que reivindique sus derechos, hace menester trabajar, como se hizo en Argentina y Uruguay, para citar sólo algunos ejemplos,  en la concienciación de la importancia del derecho a la comunicación para que se construya una fuerza necesaria capaz de cambiar la correlación de fuerzas y obligar a los tomadores de decisión a asumir posiciones democráticas. Hace falta enfrentarse a cualquier tipo de desigualdad para entender la comunicación como un proceso que lleve a la construcción de mejores sociedades.

Son muchos, demasiados, los actores que agreden de alguna manera a las y los periodistas, comenzando por aquellas personas que, inmersas en crisis de gobernabilidad, reclamos o actuaciones ilegales –como los linchamientos–, no desean la presencia de reporteros o de los medios de comunicación que ellas y ellos representan. De manera creciente, quienes realizan coberturas en el campo tienen que enfrentar rechazo y hasta agresiones.

Otros actores importantes que agreden periodistas son los políticos, y en la larga lista caben alcaldes, diputados, funcionarios de rango medio y bajo. Incluso, políticos propietarios de empresas de televisión por cable, que parecieran incrementar su influencia en ese ámbito empresarial, bajo la comprensión de la importancia que reviste manipular los medios. Son los manueles baldizón, los mario estrada, etcétera.

Un tercer actor muy importante es el crimen organizado, con sus variantes de narcotráfico y pandillas. El narco afecta especialmente a colegas de la zona fronteriza con México, sobre todo, a quienes realizan coberturas en ámbitos vinculados con el lavado de dinero, como el deportivo o el cultural. Con respecto a las pandillas, hemos detectado un problema especial en Chimaltenango de agresiones por pandillas.

Los mismos medios de comunicación social también se convierten en agresores de las y los periodistas cuando les impiden la libertad de expresión o colaboran con ésta cuando no brindan equipos de seguridad. Además el Estado se vuelve cómplice por inacción. Son pocas las denuncias que llegan al MP, porque pocos colegas confían en que haya resultados.

La conclusión es que en Guatemala cualquiera puede agredir a un periodista y poquísimas veces hay respaldo. Es por eso que, preocupados por la situación, un grupo de periodistas independientes ha sumado esfuerzos con las y los periodistas en Civitas y han iniciado un proceso que, esperamos, traiga como resultado una mayor preocupación del Estado por la seguridad de los periodistas y la creación de un sistema preventivo y de alerta.

Al momento, han aceptado involucrarse en este esfuerzo organizaciones sociales como la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala; instituciones como los ministerios Público y de Gobernación, así como el Procurador de los Derechos Humanos, con quien el grupo sostuvo una reunión el pasado lunes 12. En esta participaron representantes de todas las entidades mencionadas. Falta involucrar al Organismo judicial.

Pero el que entendemos como verdadero reto es el de lograr una cohesión gremial que permita hacer ver que nadie, nadie puede agredir a un periodista sin afectar a todos. Llamamos a la comunidad periodística a no perder ese norte.

“Te van a linchar”, “mentirosos” y “sirvientes de los ricos y del Gobierno”, fueron algunas de las frases que tuvieron que escuchar los colegas y que, obviamente, influyeron en su ánimo y en su sensación de seguridad, pues siempre permanecieron vigilados por comunitarios. Mientras, en las redacciones –en la burocracia de los medios– ese tipo de incidentes intimidatorios muchas veces se toman como gajes del oficio.

No es la primera vez que ocurren ese tipo de acciones durante una cobertura. Por lo regular, siempre que hay bloqueos viales, más de algún manifestante trata de emprenderla contra reporteros. Eso es una muestra de que el descontento social, provocado por la ingobernabilidad y la desatención a problemas añejos, incrementa los riegos de los trabajadores y trabajadoras de la prensa, aunque por suerte eso no se ha saldado con víctimas fatales. Esas restricciones a la libertad de prensa y de expresión tienen consecuencia para los derechos a informar y ser informados: censura y autocensura.

Salvo en las redes sociales o entre grupos de colegas, los periodistas denunciamos poco esas irregularidades. Entre otras razones, por la falta de acción de las fuerzas de seguridad civiles y debido a la reducida cantidad de casos resueltos por la Unidad fiscal de Delitos cometidos contra Periodistas.

Posterior a los sucesos de Totonicapán, el 9 de octubre, delegadas de Centro Civitas y de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) se reunieron con miembros de la gubernamental Instancia contra Ataques a Defensores de Derechos Humanos, a quienes les facilitaron el panorama de las agresiones contra periodistas. Las autoridades, incluidas las del Ministerio de Gobernación, cuentan con suficientes datos sobre el acoso a periodistas. Ahora esperamos que comiencen a actuar e incluyan entre sus protolos de reacción durante las protestas sociales el papel que le toca desempeñar a los reporteros.

Empero, eso no será suficiente si los medios no varían o definen mejor sus coberturas, las cuales deberían ser más equilibradas y con sesgos reducidos. Además, los líderes locales tienen que comprender que, en general, los periodistas no somos sus enemigos ni respondemos a los intereses de quienes los adversan. Nunca es tarde para mejorar las prácticas periodísticas ni para aportar en pro del consenso y la gobernabilidad.

Consecuencia de la poca iniciativa del ombudsman, ha sido insuficiente la divulgación de la norma para que sea apropiada por la ciudadanía. Asimismo, ha faltado firmeza para exhortar a que rindan cuentas cabales las dependencias oficiales (organismos del Estado, municipalidades, entidades autónomas) e instituciones privadas que perciben, invierten o administran recursos públicos.

Por lo tanto, los avances en la cultura de trasparencia han sido movidos por la inercia y no por la acción de la magistratura de conciencia, en particular de Sergio Morales Alvarado, quien estuvo en el cargo durante una década.

El julio de 2008, mientras fungía como PDH, Morales Alvarado le dijo a Sala de Redacción que no le llamaba la atención ser el ente rector de la ley que en esos días se discutía y que fue aprobada por el Congreso de la República en septiembre de ese año. “(…) no tengo interés en ese espacio (…). Ya tengo bastantes actividades y compromisos”, fue su excusa. Dicho y hecho, durante casi cuatro años se mantuvo virtualmente al margen en la lucha contra la opacidad, de la cual la oficina a su cargo tendría que haber sido una de las principales cabezas.

Corresponderá a Jorge Eduardo de León Duque, sustituto de Morales Alvarado desde el 20 de agosto de 2012, darle cause a la normativa que define, entre otros asuntos, el hábeas data, el acceso a datos personales y a los archivos públicos. La tarea no será fácil, pues tiene en contra a quienes se resisten a que se divulguen los asuntos públicos. Sin embargo, no estará solo, pues podrá sentirse acompañado por múltiples instituciones y ciudadanos/as cuyo compromiso con la transparencia y la divulgación libre de información es incuestionable.

En el caso de Guatemala, durante el gobierno anterior se intentó transformar en medios públicos al Diario de Centro América ­y a la radio TGW, dependencias de los ministerios de Gobernación y Comunicaciones, en su orden. Hubo avances de forma y fondo, pero no suficientes, y debido a que no se logró institucionalizarlos, fueron revertidos por la nueva burocracia que asumió sus cargos a partirdel 14 de enero.

Por lo tanto, mientras no exista una norma legal que regule los medios oficiales, los defina como públicos y los ponga bajo el alero de una instancia multisectorial creada para ese efecto, cualquier nueva administración de gobierno implementará las acciones que considere convenientes para el partido oficial, los intereses corporativos y no para las audiencias. Así, por ejemplo, el Diario de Centro Américaha demostrado que su estrategia es favorecer una agenda única que privilegie las acciones del Gobierno demeritando la presencia de otras perspectivas. Un caso claro fue la no renovación de contratos a varios columnistas que representaban la pluralidad de opiniones y perspectivas, para dar paso a otras personas cuya opinión es afín a la de las autoridades. Esta situación devolvió a ese medio al que ha sido su rol durante la mayor parte de su historia: el de vocero gubernamental que minimiza a la oposición y a los grupos civiles organizados.

La nueva administración –que se vincula con la vicepresidenta Roxana BaldettiPaizy no con el ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, como manda la ley–ya está salpicada por las sospechas de incurrir en irregularidades, como fraccionar la compra de papel por un total de Q14 millones, la cual investiga la Contraloría General de Cuentas.

Es indudable que en el diario oficial existenpersonas que conocen las técnicas y la naturaleza del periodismo con espacio para el ejercicio de derechos, pero que se han vuelto minoría ante la tozudez de quienes temporalmente dirigen ese medio. Sin embargo, aún es tiempo de enmendar el rumbo de los medios oficiales, pues las audiencias requieren más información y menos propaganda.