Por Sala de Redacción

Quienes defenestraron a Zelaya Rosales impusieron su voluntad a medios y periodistas, además de contar con el apoyo de un gran sector de la prensa conservadora local, en particular impresa y televisiva.

“Desde la madrugada de ese domingo, los militares cortaron todo tipo de comunicación, excepto los teléfonos celulares. Durante la tarde de ese día se inventaron la historia de que Zelaya había renunciado y eligieron a Roberto Micheletti, con la complicidad de los medios” afines a los golpistas, relató el periodista hondureño Freddy Tejada.

Al respecto, Frank La Rue, relator de la ONU para la Libertad de Expresión, enfatizó: “Algunos de los grandes medios, que representan intereses que probablemente están de acuerdo con el golpe, se autocensuraron: mientras sucedió el golpe transmitieron caricaturas, y eso parece que no fue el Estado, sino una decisión institucional”.

Oscuridad informativa

Contrario a algunos periodistas y políticos, la mayoría de población hondureña vivió horas de incertidumbre, pues los medios, presionados por los golpistas, dejaron de informar o lo hicieron parcialmente. Así, por ejemplo, fueron sacados del aire los canales 8 y 36, ubicados en la capital, y las radios Globo y Progreso. Otras estaciones emitían programas deportivos o de música tropical.

Incluso, fueron interrumpidas las transmisiones de cadenas internacionales —como CNN y Telesur— o de otros países cercanos —Guatevisión y Teletica, de Guatemala y Costa Rica respectivamente—. Mientras tanto, las ediciones online de los principales diarios reportaban con un sesgo favorable a los golpistas.

Con el objetivo de conocer el paradero de Zelaya, decenas de periodistas acudieron a la Casa Presidencial la mañana del domingo 28, pero fueron obligados a retirarse de ese punto por militares armados, quienes les apuntaron con fusiles.

Casi de inmediato, se conoció que al caricaturista Allan McDonald había sido detenido junto con su hija de 17 meses. Miembros del ejército lo sacaron de su casa, en Santa Lucía, a unos ocho kilómetros de la capital, de donde sustrajeron caricaturas de McDonald y las quemaron. Para esas horas, periodistas hondureños buscaban información del golpe de Estado en Internet o llamaban a otros países para conocer al respecto.

Al día siguiente, a siete periodistas de medios internacionales les fue privado su derecho de locomoción por 10 soldados, reportó la agencia Associated Press (AP). Adriana Sivori, María José García y Larry Sánchez, de Telesur, fueron detenidos junto con Nicolás García y Esteban Feliz, de la AP, más dos asistentes no identificados. Oficiales militares hondureños indicaron que habían sido detenidos por “medidas de seguridad”, mientras directivos de Radio Globo denunciaban haber sido acallados por un comando castrense. Los cortes de energía eléctrica continuaban, con sus consecuentes obstáculos para sintonizar radio y TV, más el acceso a Internet.

Durante esa jornada, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, condenó “las limitaciones a la libertad de expresión en Honduras, ocurridas luego del golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional en ese país”.

El 6 de julio, La Prensa divulgó una fotografía donde se ve el cuerpo de Isis Obed Murillo, auxiliado por otras personas. Al día siguiente, el diario publicó una disculpa con la fotografía de Murillo ensangrentado. “Por un error en su proceso, (…) la gráfica salió distorsionada, difiriendo de la original. Pedimos (sic) disculpas por la falla, que contradice la política editorial de LA PRENSA”. Ese medio, junto con otros impresos, ha sido calificado de proclive a los golpistas y de manipular la situación.

Abusos por doquier

En un hecho aún no aclara, el 3 de julio fue asesinado el periodista Gabriel Fino Noriega, de 42 años, cuando salía de la Radio Estelar,  donde presentaba un programa informativo diario. 

De acuerdo con el Comité para la Libre Expresión de Honduras (C-Libre), Canal 36 reanudó transmisiones el 4 de julio, seis días después de estar fuera del aire. Sin embargo, Micheletti aseguró a la agencia Efe que ninguna estación de TV estaba intervenida. Si el 36 difundía su señal con irregularidades se debía a que “de repente han tenido sus problemas para iniciar por cualquier circunstancia”, excusó el gobernante de facto.

En contraposición, un reportero hondureño no nombrado por BBC Mundo reafirmó la censura: “La radio dice muy poco de lo que está pasando y la prensa tradicional está muy ocupada entrevistando a los nuevos funcionarios”.

Durante las primeras semanas de la crisis política, algunos medios contribuyeron “a ocultar aspectos de la situación, y en particular de la resistencia al golpe de Estado”, evaluó Reporteros sin Fronteras (RSF). Muestra de ello fue que el 5  de julio, mientras se esperaba al avión en que era transportado Zelaya Rosales, desde la capital de EE. UU., “el gobierno de facto impuso a los medios de comunicación locales la difusión repetida de declaraciones denunciando la incursión en territorio hondureño de grupos armados comanditados por Nicaragua y Venezuela. Esa información, no confirmada y enseguida desmentida”, según RSF, alimentaba “considerablemente el ambiente de tensión” y atizaba “las agresiones contra ciudadanos extranjeros”.

Con más o menor intensidad, los abusos contra medios continuaron. El 11 de julio, Radio Cadena Voces sacó del aire los programas “Tiempo de Hablar” y “La Bullaranga”, del Centro de Derechos de la Mujer (CDM) y del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), respectivamente. En ambos se analizaría el golpe de Estado y sus consecuencias.

Los técnicos y la administración de Radio Cadena Voces notificaron a las conductoras Lícide Ortega y Deysi Flores que todas sus emisoras habían salido del aire y que no sabían el porqué. Minutos después la emisora transmitía música religiosa.
La noche del domingo 12 de julio autoridades del régimen de facto detuvieron durante cuatro horas a 11 periodistas de Telesur y Venezolana de Televisión (VTV), quienes se vieron forzados a abandonar Honduras al día siguiente.

Pareciera ser que un comportamiento generalizado de la prensa durante la cobertura de una crisis política es el miedo, pero no uno generalizado, sino uno muy particular: a que sus acciones abonen el terreno de la inestabilidad. Eso es lo que muestran resultados de estudios sobre el comportamiento de los medios en estas situaciones especiales.

En Kenia, por ejemplo, la organización internacional Artículo 19, que vela por la libertad de expresión, organizó una Misión de Documentación que analizó las coberturas de los medios, durante una crisis política postelectoral, en 2008. En el informe con los resultados y las recomendaciones indicaba: “Quisiéramos haber visto el profesionalismo de los medios de comunicación difundiendo el conflicto con veracidad y sin ninguna licitación a la violencia”.

En el caso de Guatemala, el 85% de las opiniones recibidas por la revista digital Coyuntura favorecieron el No cuando las y los lectores calificaron la imparcialidad de los medios en la cobertura del caso Rosenberg. Eso coincide con la expresada por actores sociales y expertos en materia de medios y de libertad de expresión.

Entre el 11 y el 25 de mayo, Guatemala vivió una de sus mayores crisis políticas de los años recientes. Se generó tras el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, ocurrido el 10 de mayo, quien dejó grabado un video en donde acusó de su muerte al presidente Álvaro Colom; a su esposa, Sandra Torres; a su secretario privado, Gustavo Alejos, y a uno de sus principales financistas, Gregorio Valdez.

A partir de lo que las personas entrevistadas opinan y de criterios propuestos por Sala de Redacción, los principales problemas observados en las coberturas sobre la crisis desembocada por la denuncia en el caso Rosenberg pueden agruparse en cinco puntos:

1. Miedo a agravar la situación

Si hubiera necesidad de dibujar una imagen histórica del panorama político guatemalteco, sin lugar a dudas, ésta sería la de una montaña rusa. Guatemala es un país de escándalos que se suceden uno tras otro, sin que por lo general medien soluciones o respuestas. También es un comportamiento histórico de la prensa ocultar información importante de estas crisis, por miedo a soltar “bombas” que, según las y los periodistas, la institucionalidad no soportará o las personas no aceptarán. Uno de los ejemplos históricos es la censura que hizo la mayoría de medios sobre algunos pecadillos de jerarcas católicos durante la cobertura por el asesinato de monseñor Juan Gerardi. En la actual ocasión, la prensa tampoco se ha animado mucho a brindar información sobre financistas del Gobierno.

2. El traslape de papeles

Una de las principales quejas sobre el comportamiento de los medios durante esta crisis, pero que tampoco es novedoso, fue que, en vez de ejercer su rol de informar profesionalmente, éstos se proyectan más como actores políticos interesados. Así, terminan actuando en consonancia con los deseos del grupo político en el poder o en contra de éste, ya sea sesgando u ocultando información. Durante esta crisis fueron evidentes las diferencias entre las coberturas de los medios impresos y la televisión. Al parecer, en cuanto a este último caso, los gobiernos no terminan de comprender que ningún favor hacen a la ciudadanía al contribuir a que se le oculte información. Y que tampoco deberían conceder tanto poder a determinados empresarios que pueden apoyarlos de manera coyuntural, a cambio de restringir derechos ciudadanos.

3. Falta de madurez e independencia frente a nuevos condicionamientos políticos

Las sociedades latinoamericanas, en especial, se enfrentan a nuevos paradigmas por el resurgimiento de una izquierda con más que posibilidades de influenciar fuertemente el panorama político regional. Gobiernos como el de Álvaro Colom y Mauricio Funes, en El Salvador, ansían sumarse al grupo de gobiernos sudamericanos que abogan por una izquierda renovada del siglo XXI, y salir en la foto junto a personajes como Hugo Chávez, Fernando Lugo, Evo Morales o Luiz Inacio Lula da Silva. Ante la proliferación de estudios de comportamientos de medios desde la sociedad civil, personajes como los mencionados saben que los medios pueden convertirse en herramientas de dominación de los poderes hegemónicos, cuando no ejercen su labor con profesionalismo e independencia, algo que, lamentablemente, es más frecuente de lo que se quisiera. Es por eso que a nivel continental ha surgido una oleada de rechazo a los medios masivos que reafirman el status quo, por parte de los gobiernos de izquierda. Guatemala no es la excepción, y este tipo de comportamiento del Gobierno fue notorio, pues durante los primeros días de la crisis Álvaro Colom evitó brindar información a los medios impresos, que además se enfocaban también en centrar sus coberturas en las consecuencias posibles de la denuncia de Rosenberg en actores del Ejecutivo. Al asumir estas posturas, unos y otros contribuyen a vedarle a la ciudadanía su derecho a saber.

4. Poco ejercicio del periodismo de investigación

La metodología implícita en este tipo de periodismo obliga a fijar una ruta de investigación, partiendo, por ejemplo, de una denuncia o un rumor, durante la cual son consideradas todas las fuentes posibles y analizados los contextos. Una de las quejas generalizadas sobre el comportamiento de los medios durante la actual crisis es que las coberturas han sido meramente coyunturales, que faltan actores y contextos. Un ejemplo es que durante las actividades de protesta surgieron varias denuncias de asesinatos políticos atribuidos a este Gobierno, las cuales podrían haber abierto una línea de investigación. Los medios tampoco investigaron a partir de lo asegurado por Amílcar Méndez Urízar, activista de derechos humanos, en cuanto a que el empresario Gregorio Valdez está involucrado en el asesinato de su hijo, José Emanuel Méndez.

5. Casi nulo o nulo ejercicio de fiscalización en materia de derechos

Cuando se habla de democracia, una de las principales asignaciones de la prensa es la de ejercer un papel fiscalizador en el cumplimiento de derechos fundamentales con relación a ésta, como el de libertad de expresión. Durante esta crisis han sido conocidas quejas de que incluso los mismos medios censuraron a algunos columnistas. Por si eso fuera poco, no trasladaron denuncias ni investigaron sobre amenazas producidas contra la libre expresión. Tampoco han analizado a profundidad las implicancias en el caso de la demanda contra el cibernauta Jean Anleu, usuario de la red Twitter, que ha despertado interés mundial. “Lo hicieron muy tímidamente, no como deberían”, opinó una de nuestras consultadas. El caso reviste especial importancia, sobre todo si se considera a la Internet como una de las vías más favorables para ejercer la libertad de expresión.

En suma, hay periodistas y columnistas que en lo particular han realizado buenos esfuerzos por trasladarles a sus públicos información que les ayude a interpretar la crisis, pero, como ya se ve, la mayoría de personas consultadas no avala las coberturas de los medios.

Algunas de las recomendaciones formuladas a los medios por diversas entidades en materia de coberturas de crisis políticas son, entre otras, asegurar la pluralidad de las fuentes, utilizar metodologías de investigación de los procesos, oponerse y denunciar el silenciamiento de periodistas y de otras formas de impedir la libertad de expresión y, sobre todo, no perjudicar esta última utilizando como argumento la libertad de prensa.