Los investigadores/pueblo, como les llama Fals Borda, explican y aplican el conocimiento para transformar la sociedad y trastocar así, las estructuras de poder históricamente inequitativas.

Necesitamos trans-formar el sentido de la investigación, que esta tenga como objetivo informar, criticar y proponer y deconstruir  los paradigmas tradicionales hegemónicos que tanto han violentado a las minorías en detrimento de la mayoría de la sociedad guatemalteca.

Más de dos décadas han transcurrido desde que se fundó el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP) y 18 años desde que 28 de sus afiliados recibieron por vez primera una prestación.

En la actualidad, hay unos 300 afiliados activos en la institución, la cual, según sus autoridades, afronta un proceso de transición, del que esperan conseguir una actualización jurídica y reglamentaria, “para adaptarla a las condiciones sociales del gremio de prensa”. Sin lugar a dudas, la refundación del IPSP debe pasar por la transparencia y el robustecimiento de sus finanzas, una revisión del modelo de afiliación, el fortalecimiento de los mecanismos de capitalización y coerción para quienes evaden el pago del Timbre de prensa, así como la creación de un programa de información para los aspirantes.

Una etapa oscura

En junio de 2010, se conoció públicamente la intención del entonces contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, de solicitar a la Procuraduría General de la Nación (PGN) un dictamen que le permitiera auditar al IPSP, pues el Consejo Directivo les prohibió el ingreso a los auditores de la Contraloría.

Asimismo, en septiembre del mismo año, la Sala Tercera de Apelaciones, amparó a seis periodistas afiliados y ordenó al Consejo Directivo del Instituto que entregara los estados financieros, pues constantemente les había negado el acceso a la información. Estos hechos solo evidencian la etapa oscura, en términos financieros y de transparencia, en que había entrado la institución.

“Dos años es un corto periodo de dirección para mantener la sanidad cuando se trabaja con responsabilidad (…), pero también puede ser muy largo cuando se actúa en el lado oscuro y corrupto en el manejo de la institución” sentencia José Luis López Quiroa, actual presidente del Consejo Directivo del IPSP, quien asumió ese cargo el 30 de diciembre de 2010. Las palabras de López Quiroa adquieren sentido cuando se revisan los hechos recientes que debilitaron la institucionalidad del IPSP.

Durante la administración que le antecedió, se cometieron varias irregularidades, denunciadas al Ministerio Público (MP) por la directiva actual. En 2007, cuando Ricardo Castro Barillas presidía el Consejo Directivo, el IPSP adquirió un terreno por Q1.6 millones, ubicado en la 12 avenida y 10 calle de la zona 1, para construir la nueva sede del Instituto. El presupuesto estimado inicialmente por la directiva fue de Q6 millones. No obstante, el valor de la obra se duplicó y el monto finalmente asignado por el Consejo alcanzó los Q12.5 millones. En la actualidad, ese edificio es ocupado por el hospital de la Policía Nacional Civil (PNC).

El periodista Luis Morales Chua, quien presidía la Comisión Fiscalizadora y de Transparencia, detectó las primeras irregularidades en 2008. Indica que el dinero se erogó sin que existiera un contrato de obra basado en normas del Código Civil. “El Consejo de ese momento era muy ignorante en esa materia y contrataron a una empresa para construir un edificio, sin consultarle a la Asamblea, la Comisión (fiscalizadora) dijo que eso era ilegal”, asevera.

El presupuesto para esa fecha ascendía a Q13 millones 500 mil, sin embargo, la edificación, concluida en 2009, le costó finalmente al IPSP Q22 millones, de los cuales, únicamente se registró el pago de Q17 millones. “¿Qué pasó con los otros millones, están ahí, alguien se los quedó? Eso no se pudo establecer”, reconoce Morales Chua.

Un documento en el cual se constata la contratación de la empresa constructora responsable de los trabajos para la nueva sede del IPSP describe apenas las características de la edificación, consigna el nombre del contacto (Ricardo Castro), el nombre y el número telefónico del IPSP como propietario del proyecto. Asimismo, la fecha de inicio y término de la edificación. La empresa constructora que respalda dicho documento es Anzueto y Asociados.

Ricardo Castro Barillas, señalado como el contacto en el documento, ocupó la vicepresidencia del IPSP por primera vez en el período 2004-2006 y luego la presidencia entre 2006 y 2008. La última vez que estuvo al frente de la entidad fue en la administración 2008-2010, como vicepresidente, etapa en que se conoció la renuncia de ocho directivos, entre ellos el presidente Leonel Armando Guerra Saravia, tres secretarios, los tres vocales y el tesorero. Durante el mandato de Castro también se reportaron ingresos anómalos de personas inscritas con documentación falsa.

Más bien reacio a dar detalles sobre las investigaciones, José Luis López Quiroa –uno de los secretarios que renunció en julio de 2010–, aduce que “hubo sobrevaloración en adquisiciones, en la construcción del edificio y muchas anomalías que estamos por esclarecer en los tribunales, para de castigar lo que es punible”. Un tanto suspicaz, Morales Chua comenta: “Es riesgoso hablar de esto porque se puede crear un mal ambiente público del Instituto, pero es un hecho que se tuvo gente ladrona dirigiéndolo”.

Afiliados al Instituto indican que en ese entonces la Comisión de Transparencia cumplía sus fines y recomendaba a la junta directiva de la entidad, “sin embargo, no se hacía caso alguno, pues Castro era muy hábil para manipularla”.

Con la llegada de nuevos directivos, el grupo de afiliados denominado Alerta integra la Comisión de Transparencia y se dedica al encausamiento legal de los presuntos responsables del despojo. Este grupo está integrado por periodistas como Jesús Alvarado Mendizábal,  Carmen Escribano de De León, Rina Montalvo y Joaquín Medina.

Informes llegados a Sala de Redacción indican que en tiempos más recientes hubo otro intento de desvío de fondos de la entidad, cuando uno de sus ex personeros trató de tomar “un préstamo” de Q15 mil. López Quiroa lo niega.

Problema de fondo

El saqueo de los recursos, que descapitalizó en un 50% al IPSP,  es solo uno de los hechos que lo afectan financieramente, el otro es la negativa de las empresas como las publicitarias a cumplir sus compromisos sociales. Por ley, la entidad de previsión social tiene tres fuentes de capitalización: la cuota que pagan mensualmente sus afiliados (3% sobre el salario), el producto de inversiones y el ingreso por concepto del Timbre de Prensa.

El monto por las inversiones representa aproximadamente un 12% de los ingresos, en tanto que la venta de formularios, pago de cuotas ente otros, alcanza 13%. El cobro por el Timbre de Prensa conforma entre el 70 y 75% del capital que posee el IPSP. Por esta razón, reiteradamente han intentado fortalecer los mecanismos que le permitan garantizar sus ingresos, sobre todo de los que efectivamente les sostiene: el Timbre de Prensa.

Dicho timbre no es una carga tributaria que recolecte de manera directa el Estado, sino que representa un valor que se cobra en la factura al anunciante que usa cualquier medio de comunicación o propaganda difundida en el país. Los responsables del cobro y traslado al IPSP son las agencias de publicidad, las empresas de grabación o filmación de audiovisuales, así como las de impresiones en serigrafía, tipografía, tampografía y las de servicio de televisión por cable. Desde siempre la renuencia de algunas empresas responsables del cobro y entrega del timbre ha sido una limitante.

Pese a que existen dos áreas específicas de gestionar el cobro del Timbre –una de promotores y otra jurídica– , los resultados son “magros”, según sus directivos. “La mayoría (de empresas) se cierra y no responde preguntas que no están en la ley y esconden lo que nos interesa (estados financieros)”, asegura López Quiroa. Incluso, las denuncias hechas al Ministerio Público (MP) resultaron contraproducentes, pues aseguran que el ente investigador se negó a apoyarles, aduciendo que la intención era utilizarlo como un ente cobrador.

Pese a que el IPSP posee un registro actualizado de las empresas que se rehúsan al cobro y traslado del impuesto, sus directivos se niegan a publicarlo. “Es de manejo interno”, se excusan. Lo que López Quiroa sí señala es que el IPSP ha sido víctima del ataque de publicistas, gremiales, y voceros de las agrupaciones en desacuerdo con el Timbre de Prensa. “Huyen del trabajo de tener que recaudarlo y entregarlo. No les interesa apoyar al periodista”, asegura.

Se buscó la opinión del presidente de la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad (UGAP), Eduardo Toriello, pero tras varios intentos no atendió nuestras llamadas a su oficina. Carolina Ladd, directora ejecutiva de la entidad, afirmó, sin dar mayores detalles, que “hay una oposición, pero es un tema legal”.

Derechos, más allá de expectativas

Quizá ajenos a la historia reciente del IPSP, periodistas departamentales que ejercen su profesión en condiciones muy distintas a los capitalinos muestran un creciente interés por afiliarse a la entidad, pero cuestionan los requerimientos exigidos.

En el artículo 70, la ley que da origen al IPSP consigna: “Para los efectos de este artículo se entenderá por Periodista, quien desempeñe funciones tales como Redactor, Reportero, Caricaturista de Planta, Reportero Gráfico, Camarógrafo de Telenoticiero, Columnista de Planta remunerado; Corresponsal de Agencia Internacional de Noticias, Corresponsal de medio informativo local o del exterior, Jefe de Información, Jefe de Redacción o Director de un periódico impreso, radioperiódico o telenoticiero”.

Como está redactada, esta normativa impediría el acceso al IPSP a locutores de programas noticiosos, entre otros. Pero además, otros requisitos de ingreso, como el salario fijo o el hecho de estar “en planilla” y el pago de prestaciones excluyen a la mayoría de periodistas departamentales.

Morales Chua recuerda que recientemente 45 locutores intentaron entrar al IPSP, pero no pudieron, porque ninguno había ejercido como periodista. El periodista y abogado traduce el espíritu de la disposición de esta manera: “Los periodistas tienen la expectativa jurídica de ingresar, pero solo el derecho, si llenan los requisitos”.

De esa cuenta, corresponsales de medios radiales que no reciben un salario, periodistas contratados a tiempo parcial –lo cual implica que no estén en planilla y no se les paguen prestaciones-, periodistas de medios digitales, locutores, presentadores y editores de televisión, entre otros, aún no caben en los parámetros que disponen el Decreto 56-90 y su reglamento, creados hace 22 años.

Estas disposiciones excluyen a la mayoría de periodistas departamentales que no viven exclusivamente de ejercer el periodismo. En la edición anterior, Sala de Redacción publicó que casi la mitad (48%) de las y los periodistas que respondieron una encuesta básica sobre condiciones laborales recibe una remuneración mensual que no supera los Q2 mil. Además, que ocho de cada diez (el 80%) ni siquiera sobrepasa los Q3 mil y que el 15% de quienes respondieron la encuesta no reciben ni Q1 mil mensuales en los medios en donde tiene estatus de “colaboradores”. Valga recordar que es una cantidad menor al salario mínimo de Q2,324 vigente para este año.

La realidad en que opera el periodismo departamental también dificulta el cumplimiento de otro de los requisitos, ya que la movilidad laboral es muy alta. “Tampoco es suficiente para entrar acá que tengamos el cartón universitario (…). Aquí puede venir alguien con licenciatura en la mano, pero si no tiene cinco años consecutivos de ejercer periodismo y no lo demuestra con documentos, no hay manera de que pueda entrar”, indica López Quiroa. Frente a este escenario, se observa difícil cumplir cabalmente con varias condiciones “sine qua non” que exige el reglamento para que alguien sea considerado como “auténtico periodista”.

Cuando se intenta compartir las críticas y comentarios de periodistas departamentales a este modelo previsional, el actual presidente del IPSP interrumpe: “Yo no necesito que usted me diga de qué tipo son, pero me imagino que fácilmente puede ser que alguien dirá: yo voy y solicito un formulario y me tiene que aceptar porque así me lo reconoce el gobernador, el alcalde, la comunidad donde yo vivo”.

A propósito de lo mencionado por López Quiroa, quizá la disposición adoptada alrededor del formulario de ingreso para los periodistas departamentales es la que más refleja este modelo excluyente: “Es absurdo que para comprar un formulario tengan que apadrinarme tres personas de la capital. A mí me conocen en la localidad”, afirma un periodista de Mazatenango, Suchitepéquez. Al respecto de esta medida, el periodista Morales Chua expresa: “Si no se conoce a tres periodistas de la capital, se está un poco en harapos”. Tan solo esta norma permite evidenciar que en el IPSP todavía se concuerda con la idea de un aval de los periodistas capitalinos para “legitimar” a los departamentales.

Durante el actual período administrativo se han vendido entre 50 y 60 formularios. De estos, son tres los expedientes a la espera del visto bueno del Consejo Directivo. No ha habido una sola afiliación del 30 de diciembre de 2010 a la fecha.

Desean actualizarse

Las autoridades del IPSP informan que recientemente se conformó la Comisión refundadora de dicha entidad, integrada por miembros del Consejo Directivo, el Departamento Jurídico y la Comisión de Transparencia, entre otros. Esta busca realizar una discusión profunda para poder concretar la revisión reglamentaria e incluso reformas del Decreto 56-90, que le permitan a la entidad, “actualizarse”.

Las ideas más claras y concretas que en este momento señalan son: La preparación de un programa de información que permita a los aspirantes conocer los requerimientos, así como los mecanismos de cumplimiento de estos. También modificaciones reglamentarias e incluso de la Ley, para fortalecer las formas de cobro y traslado del Timbre de Prensa. Asimismo, buscar las medidas coercitivas para quienes incumplan con trasladarlo.

Con relación a los requerimientos de la afiliación se estima incorporar “el aspecto electrónico, ser más puntual en las funciones que el periodista desempeña en la era moderna”. De momento, sus autoridades descartan una “apertura” que posibilite el ingreso masivo de afiliados.

Uno de los afiliados, Gustavo Berganza, opina que el modelo siempre ha sido participativo y permite a las y los afiliados detectar las anomalías. Indica que toda la información sobre manejos financieros es trasladada durante asamblea general, un sábado de cada mes. “El problema es que quienes están en activo no tienen el tiempo necesario para involucrarse más activamente en los manejos del Instituto”, apunta.

Más bien, dice Berganza, lo que le preocupa es que llegue el momento en que el IPSP incumpla su función de previsión social. “Es necesario que se piense en la manera de atraer nuevos ingresos, se han hecho intentos, pero bastante desafortunados”, señala. No falta quien haya expresado su opinión de que, así como está, el IPSP no da para más y que, por tanto, son necesarias transformaciones de fondo.

De manera silenciosa para el mundo periodístico de Guatemala, delegaciones de los 189 Estados miembros de las Naciones Unidas se reunieron en Nueva York del 23 al 28 de mayo, en la 45º reunión para revisar los avances, retrocesos y retos que implica la aplicación del Plan de Acción producto de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. (Cairo, Egipto, septiembre de 1994). En esa ocasión, paralelo a la Conferencia, las organizaciones no gubernamentales realizaron el Foro 1994, el cual tenía el objetivo de incidir en las delegaciones oficiales para evitar que los intereses de las mujeres fueran bloqueados por delegaciones de gobiernos opositores a sus derechos específicos.

Es en esta conferencia que se comenzó a plantear el concepto de derechos reproductivos, considerando no solo la elección en la reproducción, sino también las condiciones que permiten esa elección, el derecho a la atención en salud reproductiva, a la educación, a la salud sexual y a los servicios de salud de óptima calidad.

En dicha conferencia se planteó la necesidad de promover el empoderamiento de las mujeres para lograr el desarrollo sostenible y romper la cadena entre pobreza, crecimiento poblacional y deterioro del medio ambiente.

El Programa de Acción de Cairo consta de 16 capítulos, abordando diversos temas que tienen que ver con la población, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la igualdad y equidad entre los sexos, la familia, el crecimiento y estructura de la población, derechos reproductivos y salud reproductiva, entre otros.

La delegación gubernamental guatemalteca estuvo integrada por María André de León Trejo, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Cony Taracena, representante de la Guatemala en las Naciones Unidas, sede en Nueva York.

Guatemala en su informe enfatizó que está invirtiendo en los jóvenes, que se promueve la igualdad entre los géneros, que aún la economía nacional no genera suficientes fuentes de trabajo para los jóvenes, que se trata de incentivar a los jóvenes para que posterguen las relaciones sexuales, que se está promoviendo la educación sexual (por medio del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) y Escuelas Abiertas. Sin embargo, no se mencionó datos estadísticos sobre la salud sexual y reproductiva de este segmento de población. La delegación se sumó a la Declaración Final.

Por Maynor Cabrera, economista senior, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)

Hoy en día es sumamente difícil conseguir un buen empleo y mantenerlo. Pero, ¿nos hemos preguntado cómo obtendremos nuestro sustento cuando lleguemos a viejos? Esta pregunta nos pone a pensar en lo importante que es la previsión social y contar con la posibilidad de tener una pensión cuando se llegue a la tercera edad.  Sin embargo, en Guatemala es un privilegio que muy pocos pueden darse. De acuerdo con estimaciones que ha hecho el Icefi, de las personas mayores de 65 años, solo 15% tienen una jubilación, y de las personas que trabajan, tan solo 25% están cotizando para tener una pensión cuando sean mayores.

En Guatemala, esto ocurre, en primer lugar, porque se generan muy pocos empleos formales y para tener una pensión hay que contar con un empleo de ese tipo. Además, somos uno de los países latinoamericanos que más tarde implementó la seguridad social. Por otro lado, a los guatemaltecos cada vez más se les contrata sin prestaciones laborales. Por ejemplo, la introducción del régimen del Impuesto sobre la Renta (ISR) del 5% provocó una creciente contratación de asalariados sin prestaciones laborales, entre ellas, la seguridad social.

La solución no es única, deben realizarse distintas acciones. En primer lugar, existe una responsabilidad por omisión del Ministerio de Trabajo, quien debe supervisar adecuadamente a las empresas para que cumplan con esta obligación de contribuir al seguro social. Por otro lado, el Gobierno debe también aportar los recursos que le corresponden. Pero, finalmente, dado que una gran proporción de guatemaltecos labora en el sector informal, esto les excluye de cualquier tipo de previsión social. Esto provoca que los hogares guatemaltecos destinen una proporción considerable de su presupuesto hacia gastos médicos y que en el futuro dependan de la solidaridad familiar para tener una pensión.

La propuesta que ha hecho el Icefi es promover formas de contribución de los empleados con ciertos niveles de ingresos, incluyendo tanto a los  informales como a los migrantes. A la par, es necesario ampliar la atención primaria en salud y una cobertura de pensiones con aporte del sector público para pensionar a las personas en situación de pobreza. Lo importante, en todo caso, es atender la falta de cobertura de previsión social para las familias guatemaltecas, lo cual requerirá reformas profundas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La discusión de las reformas debe realizarse lo más pronto posible, cuando lleguemos a viejos será muy tarde.

Mayo del 2,012.

Algo que han olvidado las autoridades ejecutivas, judiciales y del Congreso de la República es que la población del municipio de Barillas es, en su mayoría, maya q’anjob’al. Esto implica que toda su cultura gira alrededor de la naturaleza. Ignorando intencionalmente los convenios ratificados, insisten en imponer la justicia occidental, después de que durante siglos han mantenido al municipio en total abandono. Comenzando por la carretera de terracería de un solo carril.

Barillas, en el Organismo judicial y en el Ministerio de Gobernación, es considerado como un lugar de castigo, ahí son enviados los más “cuestionados”. Y no precisamente por sus habitantes, sino por la ausencia total del Estado. Llegar en época seca implica 8 horas en vehículo agrícola desde la ciudad de Huehuetenango.

Para los q’anjob’ales, el río Q’am Balam, “Tigre amarillo”, es algo sagrado, generador de vida. Una hidroeléctrica, es como una profanación. Aunque para nueve de los diez “diputados traidores”, como les gritaron a toda garganta en la manifestación del 15 de mayo, ello es desarrollo y fuentes de trabajo. Lo que está en juego es la imposición del Estado sobre una población maya que ha reaccionado ante la emboscada que se le tendió a tres de sus habitantes con las fatales consecuencias ya de dominio público.

Los medios de comunicación propiedad de corporaciones capitalistas le han dado otra imagen a la situación de Barillas, incluyendo muy poco del punto de vista de las organizaciones populares que han emitido decenas de comunicados. Sin embargo, algunos medios alternos, particularmente los medios digitales, le han dado el espacio a los mensajes de estas entidades que agrupan a líderes indígenas, como la otra fuente de información. Esta semana, en Chile, se condenó ha varios medios por callar los crímenes durante la dictadura de Pinochet. Lo mismo puede suceder en Guatemala, dada la parcialidad de la mayoría con cobertura nacional, ante hechos similares.

El municipio de Barillas es el reflejo del colonialismo español. Familias ladinas de un nivel económico medio cuentan hasta con cuatro sirvientes jóvenes q’anjob’ales, que son tratados como esclavos. Dada la situación de extrema pobreza, sus padres los entregan en estas casas de la cabecera municipal para que los mal alimenten a cambio de su trabajo que no es remunerado. En el caso de las fincas se habla de castigos físicos para los “indios abusivos”. Eso es normal en todas las viviendas no indígenas, que hoy señalan a los manifestantes como guerrilleros y narcotraficantes. En la villa de Barillas, la discriminación racial es muy normal, el indio, el mozo, la muchacha, están exclusivamente para servir al de piel blanca.

Hoy que levantaron la cabeza exigiendo justicia por la profanación de su río y el asesinato de uno de los suyos, son señalados de delincuentes y sometidos por el Gobierno y la justicia a una cruel persecución penal cargada de racismo y discriminación, que muchos guatemaltecos nos podemos ignorar y debemos denunciar por los medios a nuestro alcance.

Coincidencia o estrategia, pero monseñor Álvaro Ramazzini, llega en el momento justo, cuando en las filas de la iglesia católica de Huehuetenango se han infiltrado pensamientos de extrema derecha que se han olvidado de la Doctrina Social de la Iglesia. Haciendo sentir su presencia en las cinco emisoras católicas. Con tarifas muy elevadas han cerrado sus puertas a los pueblos indígenas, e incluso han excluido a comunicadores sensibilizados en los temas sociales. Manifestarse 15 días después, es una verdadera vergüenza. Ramazini, tendrá una tarea muy dura dentro de su propia organización.

En la tierra maya q’anjob’al el “Tigre Amarillo” está rugiendo y si el Gobierno no procede con inteligencia, con apego a nuestra carta magna que garantiza una igualdad para todos y todas, el Q’am Balam arrastrará con todo lo que encuentre a su paso y las consecuencias serán más catastróficas.

El 20 de abril, Julio Sicán, director del quincenario Proceso, que circula en Sacatepéquez, denunció haber sido agredido físicamente por el alcalde de La Antigua, Adolfo Vivar Marroquín, reelecto por el oficialista Partido Patriota (PP). El colega Sicán presentó la denuncia en el Ministerio Público (MP), al mismo tiempo que Vivar negaba los hechos. Con el correr de los días el asunto pareció disolverse.

Menos de una semana después, el jueves 25, trascendía que los dueños deCable DX –que opera en Suchitepéquez­ y Quezaltenango– habían decidido supender las transmisiones de seis programas que pagaban tiempo en su red de Mazatenango, cabecera del primer departamento mencionado. Los perjudicados atribuyeron la acción a presiones del alcalde local, Roberto Lemus, también del PP, quien rechazó las acusaciones, igual que el propietario de Cable DX, Jorge Hoffens, síndico primero de la municipalidad de Quetzaltenango.

Mientras tanto, el 8 de mayo, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron las radios comunitarias Uqul Tinamit y Jun Toj, ubicadas en San Miguel Chicaj y Rabinal, municipios de Baja Verapaz, donde decomisaron equipo y aprehendieron a un comunicador. En las semanas previas, la Cámara de Radiodifusión Guatemalteca comparó a la sradios comunitarias con la narcoactividad y el robo, y a los comunicadores con delincuentes. Decenas de estaciones se encuentran en similar vulnerabilidad a la de Uqul Tinamit y Jun Toj, debido a que el Congreso de la República aún no da dictamen favorable a la Ley de Radios Comunitarias, la cual contribuiría a ordenar el espectro radioeléctrico.

El círculo se cerró la tarde de ese día, cuando los propietarios de TL-Com, de Chiquimula, decidieron cancelar,“por reorganización”, el noticiero Sucesos, quien desde hace 19 años era dirigido por Edwin Paxtor.

En ese panorama, resalta el limitado posicionamiento y la poca capacidad para incididir en la opinión pública de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), por mencionar a dos entidades que dicen representar al gremio. Asimismo, la actitud oficiosa del MP, presto a actuar ante las quejas de las radios comerciales, pero poco capaz para investigar atropellos contra periodistas.

Debido a ello, consideramos conveniente que el clima de libertad de expresión en el país debe ser evaluado por Catalina Botero, relatora de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la materia, y su par guatemalteco en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue.

En nuestro país pasan los años, pero la población joven aún no cuenta con la información suficiente respecto de salud sexual y reproductiva. A esta realidad se suma otra: la de la violencia, que, junto al desconocimiento de formas de anticoncepción y prevención de embarazos en adolescentes, incide al parecer para elevar el número de mujeres embarazadas en el país que no están preparadas física ni psicológicamente para ser madres.

Ciertamente hoy día se ven en las calles muchas adolescentes embarazadas junto a sus parejas, algunas de ellas con rostros y complexión física de niñas. Al notarlo, me dediqué durante varios días a abordar a algunas de estas parejas en la ciudad, incluyendo a una en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Les pregunté si estaban preparados para ser padres y todos dijeron no estarlo; acto seguido inquirí: ¿serán papás porque no tuvieron la información a la mano? Todos los adolescentes dijeron sí tener la información, lo cual me generó más dudas y me motivó a profundizar.

Las historias de las ocho parejas se veían enlazadas por las mismas características y problemáticas que viven en sus hogares, ya que las adolescentes se encontraban viviendo violencia intrafamiliar. Esto les hizo pensar que un embarazo sería la salida de esta situación, sin dimensionar la responsabilidad tan grande que esto representaría en la vida de ambos adolescentes.

Ninguna de las ocho adolescentes continuará estudiando por el momento y de los ocho adolescentes únicamente uno seguirá sus estudios. Este joven indica que por suerte ya se encontraba en el último año del diversificado y luego podrá ingresar a la universidad; sin embargo, su pareja adolescente no continuará sus estudios, según dijo, hasta que la criatura por nacer cumpla por lo menos 5 años. Ella no terminó el nivel diversificado.

Cuando fijamos la vista en resolver una problemática social, creo que también debemos considerar su entorno. En este caso, vemos de manera clara que los embarazos fueron planificados para que sirvieran de bote salvavidas a la jóvenes parejas, lo que me lleva a pensar que de manera directa la violencia desempeña un papel grande dentro de las decisiones que toma la juventud desesperada.

Se debe de profundizar en cada uno de los casos de embarazo en adolescentes; si bien es un trabajo exhaustivo, podrían obtenerse mejores insumos para proporcionar ayuda y asesoría a otros jóvenes que enfrentan situaciones violentas dentro de sus hogares.

El colega Sergio Oswely Samayoa Pérez  fue electo el sábado 24 de marzo presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales y Periodistas Omar Aguirre, que agrupa a colegas de Huehuetenango, acto al que se invitó a Sala de Redacción.

La nueva directiva 2012-2914 también la integran Víctor Modesto Tomás, vicepresidente; Macario Felipe Gómez, secretario; Mike Castillo, tesorero; Osmundo Villatoro, vocal primero; Salvador Raymundo Morales, vocal segundo, y Pedro Alfonso Gómez Sánchez, vocal tercero. Felicitaciones colegas.

Los medios frente al racismo y la discriminación

Por Silvia Trujillo

Los medios masivos fueron identificados como actores importantes en la lucha contra la eliminación de la discriminación racial, pues como formadores de imaginarios están llamados a construir discursos que alienten las transformaciones sociales necesarias.

Este debate fue parte del congreso organizado por la Red Departamental de Mujeres Chiquimultecas (Redmuch), en el marco del Día internacional de la eliminación de la discriminación racial, que se conmemora el 21 de marzo. Participaron representantes de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), del Ministerio Público, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, como las fundaciones Myrna Mack y Rigoberta Menchú, el Instituto Universitario de la Mujer (Iumusac) y Centro Civitas.

Las ponentes presentaron propuestas y líneas de acción que pueden desarrollarse desde distintos ámbitos para contribuir a una mayor efectividad en la lucha contra el racismo y la discriminación. En ese sentido, se identificaron estrategias desde las instituciones públicas, el derecho penal y las organizaciones de la sociedad civil. Para el caso específico de los medios de comunicación, se recomendó utilizar un discurso incluyente y pluralista que represente a los diferentes actores en toda su complejidad y no mediante interpretaciones simplistas y de “sentido común, partiendo, además, de reconocerlos como derechohabientes.

Camino a una discusión ética

Por Evelyn Blanck y Ligia Flores

Veinte colegas de Suchitepéquez y Retalhuleu participaron en el Tercer Encuentro Regional de Periodistas, el 31 de marzo, organizado por Sala de Redacción, Centro Civitas y el Proyecto Unificación 21.

En el diálogo que sostuvieron las y los periodistas identificaron que la censura, la autocensura, la amenaza latente de ser agredidos y la corrupción política, así como la poca apertura al diálogo son las dificultades principales que deben afrontar para ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Asimismo, reconocieron que las condiciones laborales indignas, la poca profesionalización y la ausencia de una discusión ética les afectan en el ejercicio de su profesión. Finalmente, consideraron que las actuales organizaciones gremiales deben ser más activas y representativas.

Libre expresión

Por Evelyn Blanck y Ligia Flores

La fase preparatoria para el Encuentro Nacional de Periodistas sigue. El sábado 21 de abril, 48 periodistas de Guatemala, Sacatepéquez, Sololá y Chimaltenango se reunieron para continuar con el ejercicio de su derecho a la libre expresión.

En el marco del cuarto encuentro, locutores, presentadores, y corresponsales de prensa de 26 medios de comunicación local y nacional, realizaron una discusión crítica sobre las condiciones y el contexto en que se desempeñan profesionalmente.

Los problemas identificados coinciden con los aspectos que se discutieron en los tres encuentros anteriores. Señalaron la persistencia grave de un contexto autoritario, violento, con prácticas corruptas de representantes de Gobierno, empresas y de otros grupos de poder.

La violación a sus derechos laborales, así como la censura y autocensura, son problemas que también les preocupan. Finalmente, consideraron que la capacitación y profesionalización, así como la unidad del gremio son urgentes.

Fin de primera fase

Con el Quinto Encuentro Regional de periodistas, efectuado el 12 de mayo, en Zacapa, concluyeron las actividades preparatorias del Encuentro Nacional de Periodistas.

A la actividad acudieron 15 colegas de Izabal, Petén y las Verapaces quienes coincidieron en la necesidad de unificar al gremio periodístico guatemalteco, como una forma de luchar contra la censura y la autocensura, las deficientes condiciones laborales, las presiones de políticos, empresarios y autoridades locales, entre otras reivindicaciones.

El encuentro nacional, que se convocará a quienes participaron en las actividades preparatorias, se llevará a cabo en julio en un departamento aún no precisado.

Tengo 9 años, estudio el tercer grado de primaria y me encanta comer. Mi color favorito es el morado y me gustar educación física. Esta es una colaboración especial para “Pido la palabra”.

Por Krysta Valentina

Hace algunas semanas mi maestra me dejó de tarea realizar una composición sobre qué quería ser cuando fuera grande. En ese momento pensé en una canción que me gusta mucho, de “Barney, el dinosaurio”: “Lo que quiero ser, lo que quiero ser cuando crezca y sea mayor, ser cartero o un gran doctor, en mi trabajo me voy a divertir lo haré con cuidado y responsabilidad y cada día voy a dar lo mejor, cuando crezca y sea mayor”. Cuando escribí mi composición imaginé todo lo que quiero ser en la vida.

El día que presenté mi tarea la leí enfrente de todas mis compañeras y les conté que yo soñaba con ser maestra; y mi maestra al escucharme me pregunto por qué había soñado eso. Yo le respondí: “Me gustaría ser maestra porque quiero enseñar. Además, seré doctora, cantante y presidenta. Tengo que esforzarme mucho más para poder lograrlo. Deseo tanto esto con todo mi corazón y sé que lo voy a cumplir. La señorita me dijo: “Tú no podrás cumplir tus sueños, porque no te gusta estudiar”.

Mi reacción fue salir corriendo de la clase y busqué un lugar para pensar y desahogar mi tristeza. Muchas cosas pasaron por mi mente en ese momento: ¿quizá ella tenga razón, no me gusta estudiar? ¿Quizá ella nunca tuvo sueños? ¿Quizá ella nunca cumplió lo que se propuso y ahora que nosotras le compartimos nuestros sueños ella no quiere que los cumplamos? Pero también pensé: a mí sí me gusta ir a estudiar. Lo que no me gusta es el trato que recibimos, hacer mucha tarea y no tener tiempo para ir a jugar.

Las maestras son muy exigentes y siempre exigen que se haga lo que ellas dicen. Ellas pueden decir muchas cosas, pero no es su deber privarnos de nuestros sueños.

Tengo tantos sueños y sé que sí los cumpliré. Si quiero ser presidenta tengo que estudiar y ser responsable. Para mí, un sueño es la oportunidad de lograr lo que quiero ser en la vida, es cumplir una meta, es como un ejemplo de las personas mayores a las niñas y los niños.