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La independencia e imparcialidad de los jueces, abogados y otros actores en el sistema de justicia son esenciales para garantizar el respeto de los Derechos Humanos de quienes han sufrido violaciones a estos, según el Derecho Internacional.

Tal premisa obliga a mirar con atención el desarrollo del proceso –actualmente en su fase intermedia– contra de Antonio y Diego Itzep López, quienes plagiaron y torturaron el 29 de agosto de 2014 al periodista Oswaldo Ica Jom, en Uspantán, Quiché.

El 11 de junio del año en curso, el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa María Nebaj, Quiché, celebró la audiencia de ofrecimiento de pruebas. La resolución del juez Amarildo Barrios de León debe alertar al gremio periodístico y a la sociedad, debido a que la parcialidad que mostró a favor de los acusados pone en riesgo el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de justicia.

El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, y la Unesco han manifestado su preocupación porque la mayoría de agresiones y crímenes contra periodistas en la región quedan impunes. Por ello, la decisión del juez de rechazar tres peritajes y el testimonio de igual número de testigos, que fortalecerían la acusación en contra de los sindicados, no solo deja ver que su decisión no responde a criterios generales en la admisión de pruebas, sino su injerencia en la lucha contra la impunidad por violaciones a las libertades de prensa y de expresión.

El abogado querellante en el proceso, Héctor Reyes, explicó la importancia de valorar los peritajes que buscan mostrar el impacto sicológico que la agresión causó al periodista Ical Jom. También argumentó sobre la necesidad de ilustrar al tribunal en relación al contexto de agresiones en contra de periodistas y la pertinencia de una pericia que evidencie cómo los Consejos de Desarrollo han sido desvirtuados por supuestos lideres comunitarios.

El juez Barrios debe ser imparcial e independiente, porque su papel como operador de justicia implica actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar y reparar estos hechos como los establecen la Declaración Americana sobre los Deberes y Derechos del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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