Foto: Sala de Redacción
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Otto Pérez Molina prometió un gobierno de “mano dura” y ahora la prensa que no responde a sus intereses sabe a qué se refería, porque recibe los manotazos.

Por Evelyn Blanck

La importancia de la seguridad digital

En pláticas entre periodistas es común que alguien cuente que extravió su memoria USB, que se borró la información de teléfono o que se lo robaron a punta de pistola), que le “hackearon” sus cuentas de correo electrónico o de las redes sociales o que derramó algún líquido sobre la computadora, la tableta o el celular. Y así, en un santiamén, se esfuman todos sus contactos, decenas de mensajes y muchísimas fotografías, la mayoría de la esfera privada.

Una de las razones de perder la información es porque quienes nos dedicamos al periodismo no hemos desarrollado hábitos de seguridad digital. Una medida adecuada y bastante simple es tener claves fuertes para los correos electrónicos y las cuentas en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram).

De acuerdo con los expertos, las que tienen más de 12 caracteres (signos, letras, símbolos) son virtualmente imposibles de descifrar. Deben ser frases o juegos de palabras sin lógica, contraria a las comunes fechas de cumpleaños, nombres de mascotas o hijos. Por ejemplo: carne6+molida (dos palabras, una signo y un número que totalizan 13 caracteres) o pr3ns@539ura (siete letras, cuatro números y un símbolo y se lee “prensasegura”).

Es conveniente no compartir las palabras claves con nadie, a menos que la necesidad y la confianza lo exijan. Como es muy difícil memorizar los paswords, se puede abrir una cuenta en Keepass, donde se pueden guardar diversas contraseñas.

Debido a que la mayoría de periodistas contamos con más de una dirección electrónica, se recomienda administrarlas desde aplicaciones como Mozilla Thunderbird, pues desde una sola bandeja de entrada se puede revisar más de una cuenta de e-mail.

Los demonios parecen haberse despertado temprano. No hemos llegado al año electoral, época en que regularmente se incrementan las agresiones a periodistas, pero estas suben y suben.

Algunas de las agresiones recientemente denunciadas provienen de altísimas esferas, tal el caso del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes sin mostrar mayores escrúpulos evidenciaron que alientan acciones de espionaje en los medios, al criticar una investigación periodística antes de que fuera publicada.

Al respecto, miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mencionaron que la acción de los gobernantes les causó “estupor”. Y es que en cualquier nación democrática el acto sería calificado, por lo menos, como insólito, además de gravísimo, viniendo de las máximas autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de derechos ciudadanos y del respeto por las leyes.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, expresó que debería ser explicado cómo llegó el material noticioso a la Vicepresidencia de la República antes de su publicación. Sin embargo, luego de denunciarlo, el medio ha guardado hermetismo sobre dichas circunstancias. Entre el silencio de unos y otros, el caso podría ser pronto olvidado y quedar impune.

Aumenta la preocupación

Imagen tomada de Fanpage de Facebok de CMIAparte de las agresiones desde estas altas esferas, han sido denunciados en las últimas semanas varios casos, protagonizados por policías. Entre los más graves están los del periodista Hugo Barrios, en San Marcos (ver editorial), Norma Sansir, en Chiquimula, y Gustavo Illescas Arita, del Centro de Medios Independientes (CMI).

En el caso de Barrios, según ha denunciado el periodista, un oficial de policía acusado por soborno y otros compañeros de este lo han intimidado, razón por la cual ha solicitado la intervención del gobernador departamental.

Pero si ya este caso es preocupante, los casos de Sansir y del CMI resultan gravísimos, porque entre ambos hay denuncias de secuestro, tortura, vejámenes, detención y captura ilegales, lo que representa otro agravamiento en materia de agresiones a periodistas en el país. Estos ilícitos habrían sido ejecutados también por policías, hecho que en el caso de Sansir está clarísimo.

Estas agresiones se producen en el marco de la conflictividad social que afecta el país en torno a reclamos comunitarios por la imposición forzada de proyectos extractivos y energéticos, entre otros. Las acciones impositivas desde el Estado y las protestas se convierten también en el marco de un notable incremento de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, las cuales han superado, a septiembre, todas las recibidas durante 2013, según registros de la Udefegua. Hablamos de 776 en los nueve meses del año contra 657 el año anterior.

Estas acciones intimidatorias muestran la realidad de una fuerzas del orden público puestas al servicio de intereses económicos de empresas trasnacionales y nacionales y que, en el caso de las y los periodistas, parecieran tener el mandato de evitar la documentación visual y audiovisual de los enfrentamientos entre policías y comunitarios.

Las agresiones físicas vienen acompañadas de otros casos de criminalización por la vía legal y por la discursiva, sobre todo contra periodistas comunitarios. Reporteros de Prensa Comunitaria y del mismo CMI han denunciado también durante grupos focales desarrollados por el Centro Civitas que personas han vertido sobre ellos acusaciones de ser infiltrados y de realizar actividades de espionaje, lo cual les ha ocasionado problemas con algunos comunitarios.

Estas formas de actuación recuerdan tácticas de inteligencia utilizadas durante la primavera de los regímenes dictatoriales en América Latina, incluyendo, por supuesto, a Guatemala.

Más espionaje

Imagen tomada de www.elperiodico.com.gtEn otro de los grupos focales desarrollados sobre seguridad en los medios, blogueros y usuarios de redes que ejercitan su libertad de expresión denunciaron también que en ocasiones son trolleados por personas con perfiles falsos y que evidentemente están pendientes de sus opiniones políticas.

Estos usuarios de blogs y redes sociales atribuyen esta vigilancia a empleados públicos ubicados en el “nivel 13”, en referencia a las denuncias hechas por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza en el Congreso sobre la existencia de una oficina de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en el edificio de Instituto Nacional de Turismo, encargada de monitorear y refutar todas las opiniones adversas al Gobierno.

Uno de ellos manifestó que incluso recibió el comentario intimidatorio del mismo Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, personaje que también se ha hecho notorio por limitar las libertades de prensa y expresión desde que el periodista Juan Luis Font reveló que, siendo director del diario elPeriódico, el funcionario se quejó con él de una noticia aún no publicada.

Asimismo, como responsable de intentar evitar el acceso del periodista Pavel Vega, de elPeriódico, a fuentes de la Presidencia. El colmo en este caso, que suma ya varias agresiones, es que personal de la Secretaría buscaba evitar el ingreso de Vega a la 46° Asamblea General Extraordinaria de la OEA, con un retrato en mano del reportero. Lo gravísimo en materia de agresiones a periodistas no es pues que el Estado no proteja, sino que sea agresor.

Entre cinco y cero centavos

Once meses después de haber lanzado su propuesta para crear un mecanismo de protección para periodistas, lo que destaca es que el Gobierno guatemalteco no manifiesta voluntad política para desarrollarlo con la celeridad requerida. Es más, el panorama de desprotección es desolador.

Durante el III Encuentro nacional de periodistas desarrollado por el Centro Civitas y Sala de Redacción, el delegado de la Unidad fiscal de delitos contra periodistas dijo en términos metafóricos que trabajaba con “cinco centavos de presupuesto”. La consultora encargada de proponer el desarrollo del mecanismo de protección dijo que ella hacía su labor “con cero”. Lo que es evidente entonces es que sí hay voluntad política, pero para agredir y para dificultar la respuesta estatal.

Ante estas constataciones, los periodistas reunidos en dicho encuentro acordaron realizar esfuerzos para traer al país a los relatores de libertad de expresión de la ONU y la OEA, así como integrar una red propia de seguridad que los ayude a enfrentar la mano dura.

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