Fotografía: Gerson Ortiz.
Fotografía: Gerson Ortiz.

Publicado & archivado en Invitado/a, Opiniones.

Por Gerson Ortíz*

El pasado 19 de septiembre, la periodista y estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC) de la Universidad San Carlos, Sofía Menchú, disgregó uno de los paradigmas que pesan sobre periodistas y también alcanzan a los estudiantes.

Se suele decir que los periodistas lo denunciamos todo (o casi todo), pero somos incapaces de delatar las injusticias cometidas en los medios donde trabajamos o los abusos de poder (traducidos muchas veces en abusos de confianza e incluso en abusos deshonestos) de algunas fuentes de información. Es lógico, se suele justificar, ¿quién querría morder la mano que le da de comer?

Esa misma omisión aplica a los estudiantes (no sólo de la ECC, sino de otras unidades académicas de la Usac, incluso de otras universidades), que por miedo, por comodidad, o por conveniencia, no denuncian al catedrático que además de enseñarles poco (y mal), los corrompe, los coacciona y los inhibe a través de sus amenazas disfrazadas de beneficios.

Sofía atestiguó uno de tantos actos de corrupción que se dan en las aulas universitarias. El autor flagrante de esa falta fue el catedrático Julio Ochoa, quien, entre otras cosas, ofreció crear una “zona paralela” para quienes “discretamente” apoyaran a la Planilla 1 en la elección del gobierno estudiantil. Ese acto es más deleznable cuando viene de un funcionario público al frente de la comunicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sofía lo entendió así; los medios, también.

Después de descalificar a la periodista denunciante, Ochoa se defendió diciendo que se trataba de un ataque y que “malintencionadamente” se querían relacionar las dos actividades que ejerce—como si la ética se tratara de quitarse una máscara y ponerse otra. A diferencia de Ochoa, el Mirador Electoral, el Centro Civitas, los magistrados del TSE y hasta el propio director electo de la ECC, Sergio Morataya, consideraron preocupante su actuación.

El sistema

Este caso debería llamarnos la atención en dos sentidos: primero, en la “tolerancia” automática que manifestamos a la corrupción, y segundo, en el hecho de que el “silencio cómplice”, producto del “miedo a decir”, no es algo que se genera espontáneamente. Ambos responden a un sistema que ha sido dictado, letra por letra, dentro de las mismas aulas universitarias.

Para la primera idea cito a Eduardo Galeno: “El código moral del fin de milenio no condena la injusticia sino el fracaso”. Por esa razón Sofía tuvo tantos detractores. Muchos estudiantes y periodistas en lugar de aplaudir su valor optaron por calificarla como “tonta”, y le advirtieron que junto con su denuncia había firmado su fracaso académico.

Después de la delación de Sofía, conversé con varios alumnos de Ochoa que reconocieron la importancia de apoyar la denuncia pero desde el anonimato por el terror a las represalias. Sin embargo, gracias a este antecedente empezaron a salir de sus cuevas de miedo más estudiantes dispuestos a poner en evidencia a catedráticos corruptos y autoritarios.

La segunda idea la asocio con el “Doble Pensar” que George Orwell desarrolla en su novela 1984: “saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas. Sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer, sin embargo, en ambas”.

La tolerancia a la corrupción a cambio de no perder cursos no puede explicarse sin la existencia de un sistema educativo que ejerza sobre los individuos esa animadversión a la denuncia. Ocurre que la Academia no sólo desestimula la crítica, sino que la suprime y la castiga. Por esa razón los alumnos son los mejores vigilantes de esas prácticas sucias. Sofía puso la primera piedra, ¿quiénes se van a sumar a la obra?

Aún falta que el TSE decida que hará con un “portavoz” con estos antecedentes, pero a menos que la permanencia de Ochoa en ese alto organismo del Estado obedezca a intereses espurios, lo menos que debería hacer esa instancia es destituirlo.

Todo esto alude a los estudiantes actuales de la Usac, pero también a las autoridades de la ECC, en particular a Morataya, quien a diferencia del aún director Julio Moreno, sí manifestó su rechazo a las conductas de Ochoa.

Se sorprenderían si escucharan los testimonios que, desde el anonimato, ha recibido Sofía sobre abusos de todo tipo (incluso sexuales) de algunos profesores. El siguiente paso en la ECC, y en otras unidades académicas, debería ser la creación de una comisión independiente que reciba estas denuncias y les dé seguimiento. El caso contra Ochoa es sólo la punta del iceberg. Esto apenas empieza.

*Periodista y editor de noticias sobre inseguridad e injusticia.

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